… pero con el éxito de todo el alumnado a través de la implementación de evidencias científicas de impacto social

Las causas de la segregación social y escolar son múltiples: económicas, políticas, sociales, mercado de la vivienda… Una de las medidas que se proponía el Pacto contra la Segregación Escolar en Cataluña de 2019, de la Generalitat de Catalunya, para luchar contra la segregación escolar era velar para que los centros escolares de una misma zona tuvieran una composición social similar entre ellos y equivalente a la del territorio donde se ubican.

Sin abordar algunas de las causas profundas y estructurales que conducen a determinadas composiciones sociales de las escuelas, como es la desigualdad económica, la distribución residencial de la población acorde a sus rentas y a los precios del mercado, el peso del estatus en la elección tanto de la vivienda como de las aficiones, los clubes, las asociaciones o los círculos sociales… procurar una composición social similar entre los centros no será una medida efectiva, será meramente paliativa, por mucho dinero que se invierta en ella.

El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha destinado durante el periodo 2019-2024 unos 60 millones de euros anuales a las diferentes políticas de equidad. Los Planes de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE-PROA+) alcanzan 741 centros y 291.557 alumnos y alumnas, y cuentan con un presupuesto de 14,6 millones de euros. La dotación de 343 técnicos de integración social y 85 educadores y educadoras sociales en los centros se financió con 14,2 millones de euros, y otros 11,6 millones se destinaron a 135 Planes Educativos de Entorno. Todo un gran despliegue de medios y de financiación cuyo impacto social es necesario evaluar. 

En enero de 2024, el Síndic de Greuges publica un informe sobre el despliegue del Decreto 11/2021 de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Catalunya, en el que dice que estas políticas del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya han reducido un 20% la segregación escolar. Obviamente, la segregación escolar genera desigualdades educativas y sociales. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos aquí es ¿en qué medida la forma con la que se ha llevado a cabo en este caso la reducción de la segregación ha contribuido a aumentar el rendimiento académico, a mejorar la convivencia en el centro y la integración y cohesión social? ¿Ha mejorado la convivencia en la escuela? ¿Y fuera, en el barrio o en el municipio? ¿Estas medidas han sido queridas por las familias?

En la investigación The Vic Model: From school redistribution to xenophobic voting publicada en 2020 en la revista Q1 JCR Political Geography aporta evidencia científica sobre cómo las políticas de distribución forzada y sin consentimiento informado de alumnado inmigrante extranjero vulneran su derecho de elección de centro y aumenta el voto xenófobo. 

Existe suficiente evidencia científica como para mostrar que la distribución forzada de alumnado inmigrante extranjero no es la forma más rápida y eficaz para aprender idiomas vehiculares, que no aumenta el rendimiento académico, que sí favorece el estigma y etiquetado, empeora la convivencia y aumenta la xenofobia y el rechazo a alumnado y población inmigrante. 

Asimismo, hay suficiente evidencia científica que muestra que con la implementación de actuaciones educativas de éxito avaladas por evidencias científicas de impacto social se pueden aprender los idiomas de la sociedad de acogida sin desplazar forzosamente a ningún alumno o alumna de escuela ni de aula, e incluso sin financiación ni recursos adicionales. ¿Quién no quisiera esto? En estos momentos existe una investigación I+D+I, “ENHANC-ED.  Mejorar la educación para todos en contextos plurales, pluriculturales y plurilingües”, que precisamente se está ocupando de profundizar en ello (aquí, más información sobre evidencias científicas de impacto social). Pongamos la ciencia en conocimiento de la ciudadanía, luego preguntémosles y tengámosles en cuenta a la hora de diseñar e implementar las políticas educativas que tanto les afectan.

[Imagen: foto de Antonius Ferret en Pexels]
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Profesor agregado del Área de Sociología, Universidad de Girona