En Cataluña, dos de las polémicas que atraviesan el mundo educativo se refieren al error en su aplicación de PISA y al anteproyecto de ley aprobado ayer para que los cargos directivos de la Generalitat de Catalunya y de sus empresas públicas se escojan por méritos y no por afinidad partidaria. Ambas polémicas no son lo mismo pero están muy vinculadas y coinciden temporalmente.
Hay consenso en que el error ha sido muy claro, ya que PISA acepta como máximo un 5% de excepciones de alumnado que por diferentes causas no haga la prueba y la muestra presentada tenía un 23,2%. No hay consenso, sino polémica, sobre quiénes lo causaron, por qué ocurrió y cómo actuaron cuando lo conocieron y lo comunicaron. Sin embargo, hay algunos puntos muy claros que la polémica no solo oculta y niega sino que quiere imponer el silencio sobre los mismos.
Un punto muy claro es que quienes han causado ese error tan grande o no tienen capacidad profesional para esa tarea o han actuado de forma intencionada. Si no tienen capacidad, es porque su selección no se ha hecho por méritos, sino por afinidades partidarias o de otro tipo. Si han actuado intencionalmente es porque querían ocultar los resultados que realmente se están obteniendo o porque, como es un error tan de bulto que es imposible ocultar, querían que se descubriera y echar la culpa a otras personas.
En ambas posibilidades, el anteproyecto de ley aprobado es la mejor solución posible para que este tipo de errores no se vuelvan a producir, para que se midan mejor los resultados, para clarificar qué actuaciones los mejoran y cuáles los empeoran y, en definitiva, para que el derecho a la educación de toda la infancia se haga por fin efectivo. Es normal que quienes tienen otras prioridades diferentes a ese derecho a la educación pongan el grito en el cielo: quienes hacen negocio con proyectos educativos que no mejoran resultados, quienes adquieren protagonismo con esos proyectos, quienes han sido responsables a lo largo de muchos años de las actuaciones que generan esos malos resultados, quienes quieren la exclusión de determinados colectivos de alumnado y familias.
Quienes nos dedicamos a la educación es porque queremos mejorarla. Para esa mejora, es imprescindible que los cargos principales de los diferentes gobiernos en educación los ejerzan quienes han demostrado que tienen méritos para mejorarla. Es imprescindible no seguir dando esos cargos a personas que entran por otros intereses distintos. Es muy importante que se lo clarifiquemos a las familias, al profesorado y a toda la sociedad para que no se dejen engañar por quienes toman la educación como un instrumento al servicio de sus intereses particulares.
Imagen: Chat GPT
Profesor de educacion primaria durante 7 años y doctorando en la Universitat Rovira i Virgili
Graduada en psicología en la Universitat de València e investigadora predoctoral en la Universitat de Barcelona
Profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Investigadora en actuaciones educativas de impacto social para la superación de las desigualdades sociales.