Escribo el artículo de hoy con una indignación mayor de la habitual. Quizá se deba a mi propia experiencia como monitor de campamentos durante cinco años y a ser plenamente consciente de la enorme responsabilidad que implica cuidar de niños y niñas. Quienes asumen esta labor hacen mucho más que organizar actividades o supervisar el tiempo de ocio; se convierten en figuras y guardianes de la confianza que las familias depositan en ellos. Por eso he leído con profunda tristeza la reciente noticia sobre la investigación abierta en Biarritz contra dos monitores de un campamento, investigados por la presunta violación y agresión sexual a menores de tres y cuatro años.
Sin embargo, creo que nuestra atención ante casos como este no debe quedarse únicamente en el impacto inmediato de la noticia. Cada suceso de este tipo nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de la infancia y de garantizar que los entornos educativos, deportivos y de ocio sean verdaderamente espacios seguros. La inmensa mayoría de los profesionales que trabajan con niños y niñas desempeñan su labor con una dedicación y un compromiso ejemplares. Precisamente por ello, es fundamental dotar a estos entornos de protocolos eficaces de protección, formación especializada y sólidos sistemas de supervisión que minimicen los riesgos y permitan actuar con rapidez ante la más mínima señal de alerta.
Cuando salen a la luz casos como este, el miedo, la indignación y el deseo de obtener respuestas inmediatas son reacciones naturales. Sin embargo, más allá del impacto emocional, también constituyen una oportunidad para reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿cómo podemos proteger mejor a la infancia frente al abuso sexual?
La prevención no puede comenzar únicamente cuando un caso ocupa los titulares. Debe formar parte del funcionamiento cotidiano de todos los espacios en los que conviven niños y niñas. Los centros educativos, los campamentos de verano, los clubes deportivos, las organizaciones juveniles y las actividades extraescolares tienen la responsabilidad de implantar protocolos claros de protección, establecer mecanismos eficaces de supervisión y garantizar que su personal reciba una formación basada en evidencias científicas y actuaciones de éxito que les permita reconocer las señales de alerta y responder de manera adecuada.
La investigación del caso mencionado comenzó el 17 de julio tras el testimonio de uno de los menores. Este hecho pone de manifiesto, por un lado, la importancia de crear entornos seguros en los que los niños y niñas se sientan capaces de revelar experiencias de violencia y, por otro, el papel crucial de los adultos que saben escuchar y actuar. Cualquier persona adulta que observe señales de alerta, reciba una revelación o detecte comportamientos preocupantes tiene la responsabilidad ética —y, en muchos casos, también legal— de intervenir. Esto no significa llevar a cabo una investigación por cuenta propia ni señalar culpables, sino comunicar la situación a los profesionales competentes y activar los procedimientos establecidos para la protección de la infancia. Como sociedad, también tenemos el deber de proteger a quienes protegen, reconociendo la violencia aisladora que pueden sufrir quienes deciden posicionarse junto a las víctimas y apoyarlas.
Es igualmente importante comprender que la protección de la infancia no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones. Las familias desempeñan un papel esencial al fomentar una comunicación abierta con sus hijos e hijas, enseñarles desde edades tempranas que su cuerpo merece respeto y asegurarse de que saben que pueden hablar sobre cualquier situación que les haga sentir incómodos o inseguros. Del mismo modo, la sociedad debe abandonar la idea errónea de que estos delitos son excepcionales o imposibles en determinados contextos. La confianza es necesaria, pero nunca debe sustituir a la prevención.
Hablar del abuso sexual infantil sigue resultando incómodo, pero el silencio nunca ha protegido a una sola víctima. La mejor respuesta ante noticias como esta no es vivir con miedo, sino reforzar la prevención y la protección de la infancia, mejorar la formación de quienes trabajan con niños y niñas y garantizar que cualquier sospecha sea investigada con rapidez, rigor y pleno respeto a las garantías del debido proceso. Solo así será posible construir entornos en los que la infancia pueda crecer con la seguridad y la protección que merece.
Imagen: Magnific
Este artículo fue publicado en Daily27 el 22 de julio de 2026
Investigador predoctoral FI en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona