Lo que llevó a su hija de catorce años a quitarse la vida es lo que denuncia su familia: no se había hecho nada para frenar el acoso que recibía. No se ha aplicado el protocolo, y ahora diferentes personas niegan que dirección les informara de la situación; que no sabían nada, ni el profesorado más implicado, ni siquiera las familias de las presuntas acosadoras sabían lo que estaba sucediendo. Eso cuentan en los medios, pero sabemos que, ante las situaciones de acoso, hay muchos testimonios, tanto de personas adultas como de iguales, que dicen que no sabían nada. Ante tal gravedad, la Fiscalía del Menor en Andalucía va a abrir una investigación para depurar responsabilidades.
Hay diversas actuaciones cuyo éxito en superar esas situaciones está demostrado por la ciencia y, por eso, son aconsejadas por organismos internacionales. No se aplicó ninguna de ellas; por el contrario, se implementó otra medida: cambiarla de aula. La mayoría de medios y tertulianos distribuyen culpabilidades, obviando que el tema clave es incluir esas actuaciones de éxito en la formación de profesionales y que las instituciones correspondientes aseguren que se implementan y se haga correctamente. La mayoría del profesorado, cuya formación inicial y continua no ha incluido esas actuaciones, no puede hacerlo. Si recibe esa formación, pero algunos medios atacan al profesorado y a las escuelas que mejor implementan esas actuaciones, es muy difícil que lo apliquen.
En esta depuración de responsabilidades, la Fiscalía debería analizar cómo la omisión de activación del protocolo contra el bullying es haber colaborado a que siguiera produciéndose y, por tanto, las personas adultas responsables de ello, de dicha omisión, han participado activamente en que las presuntas acosadoras siguieran ejerciendo conductas violentas contra la víctima.
Es urgente la necesidad de los centros escolares de conocer y aplicar las actuaciones con mayor impacto social en la prevención y erradicación de la violencia en los centros escolares, como actualmente es el caso del Club de Valientes Violencia 0, y estar en permanente revisión para conocer si hay otras actuaciones que obtienen mayores resultados de protección hacia las víctimas y de reducción de violencia, para que, si así es, se apliquen en los centros. Como también es importante recalcar, de nuevo, cómo hay “periodistas” que en los últimos tiempos han llevado una campaña de desinformación contra actuaciones que sí previenen el bullying y, ante el caso de Sandra y la denuncia de la familia de que no se ha hecho nada para frenar el acoso, callan. La responsabilidad social de los medios ante casos de cómo prevenir el bullying es clave también y, por tanto, el trato sensacionalista debería estar penalizado en estos casos, puesto que, al final, también tienen responsabilidad en frenar la prevención: sus coberturas no ayudan a frenar el acoso, sino lo contrario.
Ahora es demasiado tarde para proteger y salvar a Sandra, pero sí, guardando su memoria, se podrá prevenir que otros adolescentes sufran lo mismo que ella, así como apoyar a su familia en las decisiones legales que decida emprender.
Imagen: Freepik
Este artículo fue publicado por primera vez en Diario Feminista el 19 de octubre de 2025
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