La violencia contra las mujeres mayores en España permanece, en gran medida, oculta, fuera de las estadísticas oficiales y del foco mediático, pese a constituir un problema estructural que se agrava con el envejecimiento de la población. Expertas y organizaciones sociales alertan de que muchas de estas situaciones no se reconocen como violencia de género, lo que limita su detección y respuesta institucional.
La legislación vigente, como la Ley Orgánica 1/2004, supuso un avance decisivo al abordar la violencia ejercida por parejas o exparejas, pero no fue lo suficientemente avanzada porque excluyó otras situaciones que también constituyen violencia de género, dejando sin protección a otro tipo de víctimas. Por ejemplo, toda la violencia que ocurre en las relaciones esporádicas, o, en este caso, maltratos en los que el agresor es un hijo, un familiar o una persona cuidadora u otros. Estas agresiones suelen clasificarse como violencia intrafamiliar o maltrato a personas mayores, lo que diluye su dimensión de género. En los últimos días, servicios sociales y fuentes policiales han intervenido en casos de agresiones físicas, violencia psicológica continuada y situaciones de abandono, que rara vez se clasifican como violencia machista.
Los datos internacionales refuerzan la magnitud del problema. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada seis personas mayores sufre algún tipo de abuso, con un mayor impacto en las mujeres. En España el IMSERSO realiza campañas constantes para prevenir los malos tratos a las personas mayores.
Diversos estudios científicos, como los publicados en The Lancet Global Health, evidencian que el abuso en la vejez tiene consecuencias directas en la salud física y mental, lo que aumenta el riesgo de depresión, deterioro cognitivo e incluso mortalidad prematura. Estas investigaciones también señalan que la detección temprana mediante servicios sanitarios mejora significativamente la protección de las víctimas.
Las formas de violencia son múltiples —psicológica, económica, física o por negligencia— y suelen permanecer ocultas bajo dinámicas familiares. La dependencia del agresor, el aislamiento social y el miedo a denunciar refuerzan el silencio. Organismos internacionales como Naciones Unidas recomiendan ampliar los marcos legales, mejorar la recogida de datos y fortalecer redes comunitarias para prevenir estas situaciones.
Reconocer que la violencia machista no desaparece con la edad o que no se limite solo en parejas o exparejas resulta clave para avanzar hacia políticas inclusivas. La invisibilidad de estas mujeres no solo limita su protección, sino que revela una deuda social pendiente: garantizar que todas las víctimas, independientemente de su edad, sean reconocidas, protegidas y escuchadas.
Imagen: Freepik
Este artículo fue publicado por primera vez en Diario Feminista el 6 de abril de 2026
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