El matrimonio infantil, lejos de ser una tradición cultural o una costumbre, es una violación de los derechos humanos que anula la posibilidad de elegir sobre su vida, su cuerpo y su futuro a niñas y adolescentes. Aunque existen leyes que lo prohíben, sigue siendo una práctica extendida y normalizada en demasiados lugares.
Las cifras muestran que la desigualdad se mantiene en el tiempo a escala mundial. Según datos proporcionados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), una de cada cinco niñas se casa o entra en una unión antes de los 18 años. Se estima que 640 millones de niñas y mujeres vivas hoy fueron casadas cuando aún eran niñas y que cada año 12 millones de niñas se casan antes de cumplir la mayoría de edad. Son cifras que impresionan, y no es casualidad que afecte más a hogares empobrecidos, zonas rurales y contextos con menor acceso a la educación. En estos casos, las niñas siguen siendo “moneda de cambio”, y el matrimonio infantil, un mecanismo de control y de negación de derechos.
Sabemos que el matrimonio infantil tiene consecuencias que van más allá del día de la boda: pone en riesgo la salud y la vida de las niñas, incrementa los embarazos en la adolescencia y las expone a la violencia física y sexual por parte de la pareja. Es también un freno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ya que recorta autonomía, bienestar económico y continuidad educativa. Por ese motivo, la comunidad internacional se ha marcado el objetivo de poner fin a esta práctica para 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ninguna niña elige cuando el precio de decir no es el hambre, el rechazo o el castigo. Por eso, acabar con el matrimonio infantil no es un asunto privado ni un debate cultural: es una cuestión de derechos humanos. Es urgente. Porque detrás de cada cifra hay una infancia interrumpida, una voz silenciada y una oportunidad robada. UNFPA advierte que poner fin al matrimonio infantil pasa por implementar leyes claras (18 años sin excepciones), recursos para aplicarlas y sistemas de protección que funcionen de verdad. Se necesitan una escuela segura, salud sexual y reproductiva accesible y apoyos económicos para las familias, junto con una transformación profunda de las normas que siguen colocando a las niñas en el lugar de lo negociable. No se trata de “concienciar” a las comunidades como si el problema fuera culturalmente inevitable, sino de garantizar derechos, redistribuir poder y sostener la vida: cada niña que no es casada a la fuerza es una victoria colectiva contra la violencia.
Este artículo fue publicado por primera vez en Diario Feminista el 17 de febrero de 2026
Cofundadora del Grup de Dones Sherezade: Dialogant el Feminisme