Ahora que volvemos a estar en una situación política que cuestiona la estabilidad en cuanto a las leyes y propuestas planteadas hasta el momento, la educación, entre otras áreas, se encuentra en el punto de mira. Los estudiantes de este ámbito hemos vivido de primera mano la incertidumbre respecto a la normativa educativa, haciendo que nos cuestionemos y debatamos la importancia y necesidad o no de llegar a un consenso político para establecer un posible pacto de estado en materia educativa.
En este sentido, serían muchos los aspectos que se tendrían que considerar, e incluso plantear la idea de que tal vez, según cómo es la situación en nuestro país y los recursos personales, económicos e institucionales que tenemos, hoy por hoy no podríamos llegar a este consenso total del cual se ha conversado en algún momento en la vida de los profesionales de la educación, pero también entre la sociedad actual dedicada a otros sectores. Al fin y al cabo, la educación es una cuestión que incumbe a toda la sociedad, porque como expone Jaume Carbonell en su obra, L’educació és política, y la política, en cierta forma, la construimos y conformamos todos los ciudadanos y ciudadanas de una sociedad.
Sin embargo, cuando se plantea la idea del pacto de estado en materia educativa aparece el cuestionamiento de quién debe participar en la redacción de este. En 2006, Alejandro Tiana, en ese momento secretario general de educación, promovió la creación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) desde una perspectiva participativa, permitiendo que agentes externos a la política, pero expertos en el ámbito educativo, pudieran participar y dar su punto de vista sobre las necesidades existentes de aquel momento en el sector, con el fin de hacer una normativa real y adaptada al contexto de entonces y conseguir así un mayor impacto en el sistema.
Uno de los aspectos que más se ha repetido durante mi formación universitaria en el ámbito educativo es la necesidad de que las leyes que rigen las prácticas educativas estén consensuadas con aquellas personas que las tienen que desarrollar: con maestros, profesores, inspectores, familias… para que sean efectivas y atiendan a las características de lo que es una escuela.
Aun así, cada vez se da más importancia a que estas propuestas tengan un aval científico, una investigación previa que demuestre que una práctica o propuesta tiene un impacto significativo en la mejora educativa del sistema o en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Según Pedro Flores Crespo esta perspectiva permite, además de mejorar la eficacia de las políticas públicas, desarrollar una evaluación de aquello que se lleve a cabo y hacer así un seguimiento real que también, a su vez, mejore esta práctica.
Entonces, en este debate se plantea la idea de que en el caso de un posible pacto de estado educativo se contemple la propuesta de poner en debate la voz de los expertos, de la ciencia, y también de aquellas personas que viven la normativa en su propia piel (maestros y otros miembros de la comunidad educativa), así como otras visiones de la sociedad que enriquezcan la ley para dar voz a aquellos grupos más vulnerables y, por lo tanto, construir una normativa realista y coherente con las propuestas científicas, sociales y políticas a partir de un debate igualitario. Este planteamiento es el que Ramón Flecha define como políticas dialógicas y en el que lleva trabajando junto a muchas otras personas desde finales de los años 90.
Es cierto que llegar a un consenso total atendiendo a todos estos puntos de vista desde una perspectiva igualitaria es complejo, y requiere tiempo y muchos recursos. Sin embargo, como se analiza en mi trabajo fin de máster, en el cual fueron entrevistadas diferentes personas de la política, investigadoras y docentes, sí que se podría, y se debería, llegar a ciertos acuerdos que, más allá de la ideología individual, velen por la mejora y estabilización del sistema educativo español. Porque el hecho de no hacerlo retarda esta evolución y, al mismo tiempo, desmotiva y dificulta el trabajo de los mismos profesionales de la enseñanza, quienes ven que, a pesar del esfuerzo invertido en adaptarse a la normativa vigente, esta es efímera y no contempla una continuidad que permita evaluar si las prácticas propuestas tienen resultados en su alumnado.
Por lo tanto, conscientes de la dificultad que supone llegar a este anhelado pacto de estado en materia educativa y de las controversias que podrían aparecer con su creación, podría exponerse la necesidad de un consenso, que al menos conforme las piezas claves del sistema, para vertebrarlo poco a poco con aquello que realmente se ha evidenciado desde la investigación que aporta las mayores mejoras y no sean simples cuestiones ideológicas.
Muchos de los y las estudiantes que estamos iniciándonos en este mundo educativo tan diverso, pero esencial en el desarrollo de una sociedad, somos partidarios de la importancia del diálogo, del debate, de sentir las voces de los otros y de valorar, a pesar de los conflictos ideológicos que puedan surgir, qué es lo mejor para nuestros niños, niñas y jóvenes y cómo podemos ayudarles y guiarles en este proceso de construcción personal tan importante para nuestro futuro, pero también para nuestro presente.