Entre otras, hay tres posturas sobre las evidencias científicas con impacto social en educación. La más extendida es el ocultamiento de esas evidencias a las familias, al alumnado, al profesorado y a la ciudadanía en general; entre quienes más alimentan esta actitud, están personas, grupos, movimientos y empresas disfrazadas de fundaciones o asociaciones que constituyen un negocio privado de la educación que genera unos resultados muy inferiores a los que es posible obtener especialmente entre las poblaciones más desfavorecidas. La segunda actitud es la de quienes clarifican cuáles son esas evidencias y argumentan también con transparencia por qué proponen actuaciones contrarias a ellas dejando democráticamente que sean la ciudadanía, familias, estudiantes y profesorado quienes decidan lo que hacen; desgraciadamente, esta opción es muy poco común en nuestro sistema escolar, la mayoría de quienes proponen actuaciones contrarias a las evidencias las ocultan. La tercera actitud es la de quienes explican no solo las evidencias, sino las fuentes de las mismas a las que hoy en día puede acceder ya toda la ciudadanía; esta es la actitud de quienes logran las mayores mejoras de resultados educativos de toda la población, incluyendo el alumnado más vulnerable. 

Durante el 2020, salíamos a los balcones a aplaudir el enorme y admirable esfuerzo que estaba haciendo el personal sanitario y que, sin embargo, obtenía frente al COVID unos resultados muy inferiores a los actuales. Nuestra situación mejoró sensiblemente desde que aparecieron las evidencias científicas de impacto social en la forma de vacunas. Nuestra salud es el resultado de una multiplicación entre el esfuerzo del personal sanitario y las evidencias científicas de impacto social; por muy alto que sea uno de esos factores, si el otro es cercano a cero, la salud no mejora o mejora muy poco. No hubiera solucionado la situación que el personal sanitario se pusiera a reflexionar sobre su práctica o a comentar sus experiencias obviando las evidencias científicas, no lo hicieron; aplicaron las evidencias en cuanto las tuvieron a su disposición logrando así la mejora de nuestra salud.

Exactamente lo mismo ocurre en todos los demás ámbitos de la sociedad y, entre ellos, en la educación. La admirable dedicación de gran parte del profesorado no obtiene grandes mejoras porque se ocultan en su formación las evidencias científicas de impacto social. Cuando un compañero publicó en este mismo Periódico Educación un artículo para que todo el mundo pudiera detectar en 3 minutos si lo que explicaba alguien en la formación docente tenía validez científica o no, mejoraba los resultados o no, recibió muchos comentarios incluyendo uno muy significativo del director de un centro educativo: “Supongo que tienes claro que estarán contratando sicarios, ¿no?”. El ocultamiento está sostenido por tantos y diversos intereses que todo el mundo sabe la agresividad con la que reaccionan quienes utilizan la educación para su ánimo de lucro o de protagonismo.

La respuesta a ese tipo de agresividades es el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él se deriven. Por suerte, hay cada vez más valientes que no se someten a esa censura ni a esos intereses, que explican a toda la población y ponen gratuitamente en Internet las evidencias científicas de impacto social que cada vez consultan más familias, estudiantes, profesorado y todo tipo de agentes sociales.

Son las personas que ponen como principal prioridad del sistema educativo universal el motivo por el que hace dos siglos fue proclamado por las personas y colectivos revolucionarios como parte de la proclamación de las democracias modernas. Son personas sinceras, que no ocultan a la ciudadanía aquello que tiene derecho a saber. Quien crea que su propia idea o su propia experiencia es mejor que las evidencias científicas que se lo diga al profesorado que está formando o a las familias de su centro educativo. Lo que no tiene ninguna justificación ni profesional, ni científica ni ética es que se oculten.

Por Marta Soler

Doctora por la Universidad de Harvard. Expresidenta de la Asociación Europea de Sociología.